Efectivos de la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil en el puerto de La Luz y de Las Palmas han procedido a investigar a cuatro individuos como presuntos responsables de un delito continuado de robo con fuerza, tras sustraer de manera reiterada grandes cantidades de combustible de una compañía radicada en el recinto portuario. Según las estimaciones patrimoniales realizadas durante la instrucción policial, el volumen total de gasóleo sustraído alcanza los 2.900 litros, lo que supone un perjuicio económico que supera los 4.400 euros para la entidad afectada.
Las actuaciones comenzaron después de que un representante legal de la empresa presentara una denuncia formal en dependencias de la Benemérita. La alerta partió inicialmente de un empleado, quien advirtió de la presencia sospechosa de vehículos no autorizados en la zona de depósitos de carburante. Estas incursiones ilícitas, según pudieron constatar posteriormente los agentes de la Comandancia de Las Palmas, se prolongaron de forma constante a lo largo de varios meses, extendiéndose entre mayo y agosto.
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Para esclarecer el patrón delictivo, los agentes especializados examinaron de forma minuciosa las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en las instalaciones. El análisis visual confirmó el acceso sistemático de diversos utilitarios particulares a zonas de acceso restringido, permitiendo reconstruir con precisión el trayecto secuencial que realizaban dentro del perímetro industrial para consumar el saqueo.
La operativa para surtirse del material exigía salvar una barrera tecnológica, dado que el surtidor requería la introducción obligatoria de un código numérico personal. A pesar de que la dirección de la compañía adoptó medidas inmediatas tras detectar las primeras pérdidas –modificando las claves de paso y reforzando las restricciones operativas–, los implicados lograron persistir en los repostajes fraudulentos valiéndose de códigos asignados a trabajadores en activo, burlando así los protocolos internos de control.
Tras reunir las pruebas pertinentes que acreditan la participación de los sospechosos en el entramado, los investigadores cerraron el dispositivo con la identificación e imputación de las cuatro personas implicadas. El atestado y las diligencias instruidas han quedado a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, en funciones de guardia, órgano encargado de determinar las responsabilidades penales derivadas de estos ataques contra la propiedad privada.