La Policía Nacional ha desarticulado en las Islas Canarias un entramado dedicado a la trata y explotación sexual de mujeres extranjeras. La operación policial se ha saldado con la detención de cinco individuos acusados de lucrarse forzando a ciudadanas de origen venezolano a ejercer la prostitución bajo condiciones de absoluto sometimiento en un inmueble de la capital tinerfeña.
El origen de las actuaciones policiales se remonta a la declaración voluntaria de una de las afectadas en dependencias policiales, momento en el que relató a los investigadores el infierno padecido tras haber viajado desde su país natal. Las indagaciones permitieron desgranar los engranajes de la trama, cuyos cabecillas se aprovechaban de la severa situación de vulnerabilidad económica y personal en la que se encontraban las víctimas en Venezuela para convencerlas de viajar a España.
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Una vez en territorio nacional, el presunto auxilio inicial se transformaba en una trampa insalvable. Los cabecillas imponían a las recién llegadas deudas ficticias que oscilaban entre los 4.500 y los 8.000 euros, gastos atribuidos a su traslado y manutención que únicamente podían sufragar mediante el ejercicio forzoso del alterne. Para consumar este sometimiento, las trasladaban a un piso situado en el barrio de La Salle, en Santa Cruz de Tenerife, donde comenzaba su privación práctica de libertad.
En el interior de la vivienda, las condiciones resultaban draconianas. Los miembros de la organización ejercían un férreo control financiero y operativo, administrando directamente sus cuentas corrientes, fijando los precios de los servicios y gestionando los anuncios en diversas plataformas de contactos en línea. Las mujeres carecían de autonomía y estaban sometidas a una disponibilidad de 24 horas al día durante toda la semana, con la prohibición expresa de rechazar a cualquier cliente.
La intervención de las fuerzas de seguridad culminó con la entrada y registro en la vivienda investigada. En el operativo, los agentes lograron rescatar e identificar a tres víctimas del entramado criminal, además de arrestar a los cinco sospechosos. En el registro se incautaron 8.630 euros en efectivo, así como diverso material tecnológico empleado para el control de los contactos —siete teléfonos, un ordenador portátil y una tableta— junto con documentación incriminatoria que constata la operativa económica del grupo delictivo.