El PP de Lanzarote y La Graciosa exige explicaciones al PSOE por una adjudicación de servicios de imprenta a una empresa participada por Ariagona González, que era consejera del Cabildo de Lanzarote [https://www.cabildodelanzarote.com] cuando se concedió en 2020. Los populares anuncian que solicitarán un informe jurídico para aclarar si su vinculación con esa sociedad impedía que la empresa recibiera la adjudicación.
La contratación corresponde a los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CACT [https://cactlanzarote.com/es]). Según el PP, el Centro de Reprografía Lanzarote SL resultó adjudicatario de los seis lotes del acuerdo marco de imprenta: cinco compartidos con otras compañías y uno como única empresa adjudicataria.
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UNA PARTICIPACIÓN DEL 15% DECLARADA EN 2023
González tenía entonces responsabilidades en Energía e Industria en el gobierno de la presidenta del Cabildo de Lanzarote [https://www.cabildodelanzarote.com/], la socialista Dolores Corujo. El también socialista Benjamín Perdomo era el consejero delegado de los CACT cuando se produjo la adjudicación.
El PP sostiene que González posee el 15% del Centro de Reprografía Lanzarote SL, una participación valorada en 93.000 euros. Para respaldarlo cita su declaración de bienes como consejera electa de 2023, un documento posterior a la adjudicación de 2020 que los populares piden revisar.
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La formación quiere que el Cabildo determine si existía una prohibición de contratar con la empresa. Además de exigir responsabilidades al PSOE, reclama que se publiquen todos los expedientes en los que haya participado la sociedad y las cantidades facturadas por la empresa y los pagos recibidos.
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LA POSIBLE INCOMPATIBILIDAD QUE PLANTEA EL PP
Los populares fundamentan su petición en las normas sobre incompatibilidades de los cargos públicos y contratación. Su argumento es que estas pueden impedir adjudicar contratos a determinadas sociedades en las que participan representantes electos.
También recurren al expediente 44/2021 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado [https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Paginas/default.aspx]. Según recoge la nota, ese informe extiende la prohibición a empresas en las que el cargo público tenga una participación superior al 10% o ejerza funciones de administración.
El propio PP reconoce que el informe se refiere a concejales, no específicamente a consejeros insulares. Lo utiliza como apoyo para plantear que la participación atribuida a González podía impedir la contratación de la sociedad con los CACT, una cuestión que pide aclarar mediante el informe jurídico.
La formación asegura que quiere disponer de toda la información y conocer la versión de González antes de formular acusaciones. La nota, fechada el 4 de noviembre de 2026, no incluye la respuesta de la consejera ni del PSOE.