Hay una forma de abandonar un territorio sin retirar la bandera: dejar que sus servicios se desborden, que sus trabajadores se agoten y que sus vecinos se acostumbren a pedir auxilio. Eso es lo que el Gobierno de España está permitiendo en El Hierro.
Una isla no puede vivir permanentemente en situación de emergencia mientras quienes deben resolverla administran los tiempos de su agenda. La Restinga tiene vecinos, pescadores, comercios y empresas. Tiene una vida que merece continuar. Y tiene derecho a que el Estado aparezca con algo más que un comunicado cuando el dispositivo de recepción vuelve a quedar sobrepasado.
El Cabildo ha declarado la emergencia social tras contabilizar más de 8.000 llegadas en cinco semanas, con más de 3.000 en los últimos cinco días del periodo comunicado. Deténganse en la proporción: El Hierro tiene 12.040 habitantes según el padrón oficial de 2025. Ocho mil llegadas en poco más de un mes equivalen a casi el 67 % de toda su población. Dos tercios. Son llegadas acumuladas, con traslados posteriores, pero la magnitud del esfuerzo de recepción resulta demoledora. ¿Qué administración puede exigir a una isla semejante esfuerzo sin garantizarle los medios necesarios?
Y mientras tanto, el CATE de San Andrés, desbordado. El muelle, sometido a una presión que el propio presidente de Canarias ha descrito como dramática. Los profesionales, intentando sostener con su esfuerzo lo que las administraciones no han dimensionado con medios suficientes. Cada nueva llegada exige atención, identificación, asistencia y organización. Nada de eso se resuelve con una frase solemne sobre la solidaridad.
La denuncia de los sindicatos JUPOL, SUP y UFP es demoledora: sobrecarga, falta de refuerzos extraordinarios y agentes desplazados desde otras unidades que también tienen obligaciones que atender. Hablan de jornadas que llegaron a alcanzar las diecisiete horas. ¿Qué clase de planificación consiste en llevar al agotamiento a quienes tienen que garantizar que el dispositivo funcione?
La documentación y la identificación requieren personal suficiente, tiempo y procedimientos rigurosos. Si faltan efectivos, el problema se extiende por todo el sistema. El Gobierno debe explicar cuántos agentes hacen falta, cuántos va a enviar y cuándo estarán trabajando. Interior tiene que responder con una dotación concreta. El sacrificio de los policías no puede convertirse en su partida presupuestaria favorita.
El presidente del Cabildo ha reconocido las dificultades del hospital y que las llegadas superan la capacidad de derivación. Cuando la propia institución insular describe semejante situación, seguir hablando con la tranquilidad de quien controla el expediente resulta ofensivo. La urgencia se mide en capacidad asistencial, en camas, en profesionales disponibles y en personas que necesitan atención.
Los vecinos tienen derecho a estar preocupados. Tienen derecho a exigir seguridad, normalidad y servicios que funcionen. Tienen derecho a protestar sin recibir una lección moral de quien contempla el problema desde un despacho lejano. El miedo y la incertidumbre requieren respuestas concretas: información clara, presencia institucional y recursos suficientes.
DEL AUTOR
* 1 Nov. 2026: Más vale mediocre conocido [https://www.libertaddigital.com/canarias/2026-11-01/gonzalo-castaneda-mas-vale-mediocre-conocido-7485188/] * 25 Oct. 2026: Canarios sin partido [https://www.libertaddigital.com/canarias/2026-10-25/gonzalo-castaneda-canarios-sin-partido-7481500/] * 18 Oct. 2026: El Tiro en el pie [https://www.libertaddigital.com/canarias/2026-10-18/gonzalo-castaneda-el-tiro-en-el-pie-7477846/] * 11 Oct. 2026: Política con P de Penosa... [https://www.libertaddigital.com/canarias/2026-10-11/gonzalo-castaneda-politica-con-p-de-penosa-7473834/]
Sanidad, vivienda y seguridad son condiciones materiales de una vida digna. Todas exigen planificación y tienen límites. Los problemas de vivienda de Canarias tienen causas múltiples y responsabilidades políticas propias. Precisamente por eso, añadir necesidades de alojamiento sin ampliar la capacidad disponible exige decisiones y financiación. Ningún Gobierno puede convertir la buena voluntad de los ciudadanos en una infraestructura infinita.
La capacidad de acogida tiene que medirse. ¿Con cuántos profesionales? ¿En qué instalaciones? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con qué presupuesto? Un gobernante que evita esas preguntas está dejando que otros paguen las consecuencias de su comodidad.
Se anuncia ahora una reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración en Moncloa para el martes 10 de noviembre. También se han anunciado refuerzos sanitarios. Habrá que comprobar su alcance y su ejecución. Pero una convocatoria no descarga el trabajo del hospital ni incorpora policías al dispositivo. La respuesta debe valorarse por los medios que llegan y por los problemas que resuelve.
El contraste resulta insoportable: la emergencia ya está aquí y la maquinaria política vuelve a presentarnos como avance el hecho de sentarse a hablar. Los trabajadores necesitan descanso hoy. Los vecinos necesitan certidumbre hoy. Las personas rescatadas necesitan una atención adecuada hoy. El calendario administrativo no puede imponerse al de una crisis humanitaria.
Con Ceuta se entendió que una frontera bajo presión podía exigir una respuesta nacional. El Hierro merece la misma consideración. La gravedad de una emergencia no debería depender de la espectacularidad de las imágenes ni del espacio que consiga en la pelea política. Una crisis que se prolonga puede causar un desgaste enorme aunque deje de abrir los informativos.
Pedro Sánchez y su Gobierno deben desplegar refuerzos suficientes, asegurar derivaciones ágiles hacia recursos con capacidad real, financiar la atención y establecer una respuesta sostenida. El Gobierno de Canarias también debe explicar qué aporta y qué resultados obtiene. El cruce de reproches no puede convertirse en el único mecanismo de coordinación que funciona con puntualidad.
Cada institución debe asumir su responsabilidad. Los herreños merecen protección y las personas que llegan necesitan una atención que no dependa de un dispositivo exhausto. Ambas obligaciones exigen gobernar.
El Hierro ha dado la alarma. Los profesionales han advertido. Los vecinos están soportando las consecuencias. Ahora les corresponde actuar a quienes tienen el presupuesto, las competencias y el poder. Porque lo que se ha agotado en El Hierro es la capacidad de seguir compensando, con esfuerzo ajeno, la imprevisión del Gobierno.
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