El Gobierno ha dejado claro en numerosas ocasiones que una imputación judicial no constituye, por sí sola, una línea roja para exigir responsabilidades políticas. Durante estos años, el PSOE ha ido rebajando progresivamente sus propios códigos éticos hasta situar el umbral en la apertura de juicio oral. Y ni siquiera ese límite ha quedado a salvo porque en su último Congreso Federal introdujo excepciones para permitir que cargos procesados continuasen en sus puestos si alegaban ser víctimas de lawfare.
En Moncloa, la continuidad de un cargo ya no depende de que un juez acuerde investigarlo, sino del contenido de la causa y de los indicios que existan contra él. En otras palabras, para el Gobierno ya no basta con que un juez abra una investigación para retirar la confianza a un alto cargo. La imputación, que durante años fue presentada como una referencia para exigir responsabilidades, ha dejado de ser un criterio automático.
El contraste resulta especialmente llamativo después de que el PSOE haya convertido el lema "no todos somos iguales" en uno de sus argumentos de campaña. La formación trata de enmarcar en la "ejemplaridad" la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes tras el accidente ferroviario de Urda. [https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2026-11-03/oscar-puente-dimite-por-dignidad-politica-7486190/] Una exigencia que, sin embargo, no aplicó en los mismos términos tras el accidente de Adamuz, pese a las críticas por la gestión del Ejecutivo y las inversiones ferroviarias.
Pero esa pretendida ejemplaridad tiene un límite cuando las investigaciones judiciales alcanzan a cargos vinculados al Gobierno. En esos casos, la dimisión no parece formar parte del primer escenario que contempla Moncloa.
MERCEDES GONZÁLEZ
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, está investigada en el denominado caso Leire por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Pese a ello, el Gobierno ha mantenido su respaldo y no ha contemplado su cese.
"No se puede triturar a alguien solo por reunirse con Leire" [https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2026-06-12/el-gobierno-vuelve-a-victimizarse-no-se-puede-triturar-a-alguien-solo-por-reunirse-con-leire-7419493/], sostenían fuentes socialistas cuando González quedó bajo el foco por sus encuentros con la exmilitante socialista. La defensa política de la directora general no se tradujo en responsabilidades para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien tuvo que dar explicaciones por sus primeras declaraciones sobre aquella reunión y mintió a los medios de comunicación diciendo que no había ocurrido ese encuentro.
MANUEL LLAMAS
Otro de los nombres vinculados al caso Leire es Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil. Investigado por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia por su supuesta implicación en la trama que habría liderado la exmilitante socialista Leire Díez [https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2026-06-07/nuevo-audio-de-leire-diez-abalos-no-tiene-donde-caerse-muerto-7415887/] para torpedear investigaciones que afectaban al Gobierno. Llamas aseguró públicamente que no tenía intención de dimitir.
ANA MARÍA FUENTES
La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, también está investigada por su relación con Leire Díez. En su caso, la explicación que ofrecen desde el partido es que no tiene responsabilidad alguna y que se limitaba a trabajar bajo las órdenes del entonces secretario de Organización, Santos Cerdán [https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2026-06-11/moncloa-en-vilo-por-las-agendas-de-leire-diez-que-pueden-hundir-a-p-s-7419055/]. Una defensa que desplaza el foco hacia la cadena de mando, pero que tampoco ha abierto la puerta a exigir responsabilidades políticas.
BELÉN GUALDA
En la investigación sobre los presuntos amaños en empresas públicas figura también Belén Gualda, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Fuentes del Ejecutivo aseguran que su integridad no está cuestionada y asumen con "normalidad" su investigación judicial [https://www.libertaddigital.com/espana/2026-06-29/el-gobierno-mantiene-toda-la-confianza-en-la-presidenta-de-la-sepi-tras-su-imputacion-7428522/], con el argumento de que debe poder dar explicaciones y ejercer su derecho de defensa.
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El Gobierno defiende igualmente la "pulcritud" del expediente de Tubos Reunidos y la "honestidad" del resto de trabajadores investigados. La causa alcanza también a Vicente Fernández y Bartolomé Lora, expresidentes de la entidad.
La respuesta del Ejecutivo, lejos de traducirse en una exigencia general de responsabilidades, pasa por defender la presunción de inocencia de sus cargos y cuestionar, en otros momentos, la "imparcialidad" de los procedimientos judiciales.