El Real Casino de Tenerife podría estar más cerca de superar el conflicto administrativo que ha condicionado su actividad durante los últimos meses. El Gobierno de Canarias tiene previsto aprobar este lunes, 9 de noviembre, un decreto ley que modificará la Ley 7/2011 de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos para aclarar que los clubes sociales, círculos de recreo y casinos privados no están sujetos a la obligación de obtener una licencia de actividad para desarrollar sus actividades asociativas propias, siempre que estas se celebren en sus sedes y no estén abiertas indiscriminadamente al público.
La iniciativa representa un cambio de especial trascendencia para el Real Casino de Tenerife, una histórica institución de Santa Cruz que se ha visto afectada por un expediente administrativo y una orden de cierre municipal precisamente por carecer de la citada licencia.
La presidenta de la entidad, Beatriz Barrera Vera, ha comunicado este lunes a los socios el alcance de la reforma, que considera el resultado de varios meses de gestiones y contactos con el Ejecutivo autonómico para resolver una situación de incertidumbre jurídica que afecta también a otras entidades privadas del archipiélago.
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El cambio normativo, que deberá ser convalidado posteriormente por el Parlamento de Canarias, pretende establecer una interpretación expresa y uniforme de la ley, evitando que las actividades propias de asociaciones privadas puedan recibir tratamientos administrativos diferentes en función del criterio aplicado por cada administración.
UNA MODIFICACIÓN LEGAL QUE DIFERENCIA LOS CLUBES PRIVADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO
La reforma anunciada afectará al artículo 2.3.a de la Ley 7/2011, que regula las actividades excluidas de su ámbito de aplicación.
La nueva redacción establecerá expresamente que quedan fuera de esta normativa las actividades propias de clubes sociales, círculos de recreo y casinos cuando se desarrollen en sus propios locales o sedes y estén reservadas a sus socios, asociados o miembros, así como a las personas invitadas por estos.
El elemento determinante será la ausencia de pública concurrencia, entendida en este caso como la inexistencia de una apertura indiscriminada al público.
De esta manera, la reforma busca distinguir jurídicamente entre las actividades asociativas de carácter privado y aquellas que se desarrollan en establecimientos abiertos al conjunto de la ciudadanía.
El objetivo es acabar con las dudas interpretativas que han surgido durante la aplicación práctica de la legislación y proporcionar mayor seguridad jurídica a instituciones que desarrollan actividades sociales, culturales y recreativas dentro de su ámbito asociativo.
La modificación también pretende reducir el riesgo de que se adopten decisiones administrativas de cierre que posteriormente puedan resultar anuladas judicialmente, con los perjuicios que estas situaciones pueden ocasionar tanto a las entidades afectadas como a las propias administraciones.
No obstante, la exclusión de la Ley de Actividades Clasificadas no supondrá una exención general de las obligaciones de seguridad o convivencia.
La nueva redacción mantendrá expresamente la exigencia de cumplir las condiciones técnicas necesarias para garantizar el descanso de los vecinos, evitar molestias a terceros y preservar la convivencia normalizada.
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Por tanto, el cambio no implicará que los clubes privados puedan desarrollar cualquier actividad sin limitaciones, sino que clarificará el régimen jurídico aplicable a aquellas que respondan verdaderamente a su naturaleza asociativa y no estén abiertas al público en general.
BEATRIZ BARRERA PIDE AL AYUNTAMIENTO QUE REVISE DE OFICIO LA ORDEN DE CIERRE
La modificación adquiere una dimensión especialmente relevante en Santa Cruz de Tenerife, donde el Real Casino mantiene un conflicto administrativo con el Ayuntamiento derivado de la ausencia de licencia de actividad.
La presidenta de la institución considera que el nuevo marco normativo permitirá superar la situación que ha afectado al funcionamiento de la entidad y que ha generado preocupación entre sus socios.
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En su comunicado, Barrera reivindica las gestiones desarrolladas ante el Gobierno de Canarias y sostiene que la reforma no responde únicamente a las necesidades del Casino tinerfeño, sino también a las de otras entidades asociativas del archipiélago que se encuentran en circunstancias similares.
La dirigente ha agradecido la disposición de los responsables autonómicos para estudiar el problema y promover una respuesta jurídica que reconozca la singularidad de estas instituciones.
Sin embargo, la aprobación del decreto ley no supondrá por sí sola la desaparición automática de la orden municipal que afecta al Real Casino de Tenerife.
La institución considera que el siguiente paso corresponde al Ayuntamiento de Santa Cruz, al que su presidenta solicita expresamente que revise de oficio la resolución administrativa de cierre.
"Ahora, sólo espero que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife revise de oficio la orden administrativa de cierre contra esta querida institución", señala Barrera en su comunicación a los socios.
La petición sitúa ahora el foco sobre la administración municipal, que deberá examinar el alcance de la modificación normativa y sus posibles efectos sobre el expediente tramitado contra la entidad.
La aplicación concreta de la nueva regulación dependerá de su entrada en vigor, de su contenido definitivo y de las circunstancias jurídicas del procedimiento municipal.
La presidenta también ha querido trasladar un mensaje de agradecimiento a los socios por el respaldo recibido durante los últimos meses y ha reafirmado su compromiso de defender la continuidad de una institución estrechamente vinculada a la historia social y cultural de la capital tinerfeña.
El Real Casino de Tenerife afronta así una nueva etapa en un conflicto que trasciende sus propias instalaciones y que ha puesto de manifiesto la necesidad de delimitar con mayor precisión las obligaciones administrativas de los clubes sociales privados.
La reforma anunciada por el Gobierno autonómico puede representar un punto de inflexión para estas entidades, aunque la resolución definitiva del caso del Casino dependerá también de las decisiones que adopte el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.