La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha advertido sobre "indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia" en la Ley de Nietos.
La Sección Cuarta de esta Sala del Supremo denegaba este lunes las medidas cautelares de suspensión solicitadas en relación al voto de hijos de personas nacionalizadas por la denominada ‘Ley de Nietos’ solicitadas por Iustitia Europa y Vox. Por otro lado, rechazaba las alegaciones presentadas por asociaciones y particulares contra su decisión inicial de dejar en suspenso los efectos de la Ley de Nietos de cara las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.
En un auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, los magistrados afirman que "en el presente procedimiento, conforme va desarrollándose la tramitación de la pieza separada de medidas cautelares, esta Sala va advirtiendo de modo cada vez más intenso la existencia de unos indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia en la configuración del CERA con la incorporación al mismo, desde la aprobación de la LMD, pero sobre todo desde la fecha en que fue publicada y comenzó a aplicarse la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la DGSJFP".
"Las medidas de suspensión acordadas, no sólo deben reputarse como necesarias, sino además, subiendo un peldaño más en su intensidad, como indispensables para la conformación de un censo electoral de electores residentes en el extranjero que quede al margen de toda presunta irregularidad y dotado de limpieza y transparencia. Al momento presente, las 162.454 personas (deducidos los 901 que obtuvieron la nacionalidad española por aplicación directa de la disposición adicional de referencia de la LMD) sobre cuya inscripción en el CERA pesan indicios fundados de haber accedido al mismo de modo que no es supuestamente conforme a la normativa correspondiente, figuran inscritos en aquel censo y, además, como se ha adelantado, ya distribuidos por las distintas circunscripciones electorales y, en condiciones, por tanto de participar con su voto en el proceso electoral ya convocado".
"La única forma posible, desde la perspectiva de la tutela cautelar, de preservar la celebración de un proceso electoral limpio de toda apariencia de irregularidad, sobre la base de un censo electoral configurado conforme a la normativa electoral, es la de suspender el ejercicio del voto, en tanto no se esclarezcan las condiciones de ingreso a aquel Censo. En estas circunstancias, conociendo esta Sala la relación nominal de las personas que aparecen inscritas en el CERA y la circunscripción territorial a las que han sido adscritas para su participación en el proceso electoral convocado, no hay alternativa posible a la suspensión cautelar del ejercicio del derecho al voto".
"De lo contrario, de permitirse en estas condiciones el ejercicio del derecho al voto de estas personas, en tanto en cuanto no se dicte sentencia en este procedimiento, además de hacer ilusorio el fallo que pudiera dictarse, que tendría un efecto meramente declarativo, podría afectar severamente a la celebración del proceso electoral, cuyo resultado podría quedar eventualmente alterado por el cómputo de unos votos que se habrían incorporado al escrutinio general y, en consecuencia, a la elección de los representantes en las Cortes Generales".
"SERIOS INDICIOS DE IRREGULARIDAD"
"En el presente caso, la cifra de personas cuyo ingreso en el CERA presenta, cuanto menos, serios indicios de irregularidad, es tan considerable, no en términos absolutos si los ponemos en relación con el total de los electores españoles, censados con derecho a voto en los próximos comicios, pero sí en términos relativos, en la medida en que esta cifra considerable de personas aparece inscrita en el CERA y se halla distribuida territorialmente por todas las circunscripciones electorales del Estado, por lo que su participación en las elecciones convocadas, además de hacer inefectiva la sentencia que se dicte en este procedimiento, podría ser relevante para el resultado electoral".
"En este caso, debe, pues, primar el interés general de preservar el CERA de todo atisbo de irregularidad en su conformación, frente al derecho individual de sufragio de las personas que aparecen identificadas dentro de la relación de electores de aquel censo como aquéllas que aparecen inscritas por haber adquirido la nacionalidad española en base a la interpretación de la disposición adicional octava 1. primer inciso de la LMD por la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la DGSJFP. La limitación del ejercicio del derecho fundamental de participación política, consistente en la suspensión de dicho ejercicio, que no de su privación, como alegan las partes codemandadas, resulta, en consecuencia, proporcionada a la consecución del fin constitucionalmente legítimo como es el de la limpieza del proceso electoral en todas sus fases, incluida la del censo de electores", concluye.
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