El Tribunal Constitucional ha fallado en contra del Ejecutivo de Pedro Sánchez [https://www.libertaddigital.com/personajes/pedro-sanchez/] por vulnerar el derecho a huelga. Este miércoles, CCOO, UGT, CGT, CNT, Confederación de Sindicatos de Inquilinas, Confederación Intersindical o Solidaridad Obrera han convocado una huelga general tras 8 años de Gobierno socialista y a 18 días de las próximas elecciones generales con el lema "Salarios, vivienda y precios".
El Pleno del TC ha aprobado una sentencia con ponencia de la magistrada izquierdista María Luisa Balaguer que estima un recurso de amparo presentado por el sindicato Unión Sindical Obrera (USO). El Tribunal de garantías da la razón al sindicato frente a una resolución del Ministerio de Transportes que dirigía Raquel Sánchez [https://www.libertaddigital.com/personajes/raquel-sanchez/], que fijaba los servicios mínimos de los servicios públicos esenciales para la comunidad a mantener en las empresas Ryanair e Ihandling Aviation durante la huelga convocada del personal de servicios de asistencia en tierra de dichas compañías entre octubre de 2022 y enero de 2023.
Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por Libertad Digital señalan que "la sentencia acordada esta ultima semana sigue la doctrina fijada en otra sentencia del TC del pasado 22 de septiembre con ponencia del magistrado conservador José María Macías. Dicho fallo se pronunciaba también sobre los servicios mínimos fijados por la autoridad gubernativa en una huelga convocada en la misma compañía aérea, en ese caso para su personal de cabina".
"La magistrada izquierdista María Luisa Balaguer intentó colar una ‘morcilla’ en la sentencia apuntando que en una huelga los servicios mínimos se deben fijar tras un pacto de la empresa y sindicato con la Administración", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "Balaguer no consiguió imponer su argumento en la sentencia ya que la doctrina del Tribunal Constitucional establece que la Administración no puede delegar en la empresa y los sindicatos el establecimiento de los servicios mínimos. Es potestad únicamente de la Administración que tiene la obligación de velar por los intereses de los ciudadanos. La empresa sólo puede completar los aspectos técnicos de los servicios mínimos en una huelga. Es decir, la Administración indica el número mínimo de trabajadores para unos servicios mínimos y la empresa los proporciona. La sentencia contaba con un voto particular del magistrado conservador Enrique Arnaldo".
El sindicato USO impugnó la resolución del Ministerio de Transportes al entender que establecía unos servicios mínimos abusivos y excesivos que hacían impracticable el ejercicio del derecho de huelga. La resolución fue anulada por sentencia de la Audiencia Nacional, en la que se consideraba que los servicios mínimos fijados incurrían en falta de motivación por omitir fijar el número o el porcentaje de trabajadores convocados a la huelga que debían prestar esos servicios, dejando su determinación a la empresa.
Posteriormente, fue confirmada en casación por el Tribunal Supremo, al considerar suficientemente motivada la resolución y entender que la concreción del número de trabajadores que habían de cubrir los servicios mínimos, mediante cifra o porcentaje, no correspondía a la autoridad gubernativa.
"El Tribunal Constitucional estima ahora la demanda de amparo, con la consiguiente anulación de la resolución impugnada y de la sentencia del Tribunal Supremo que la confirma, al entender que el alcance subjetivo (trabajadores implicados) de los servicios mínimos se lleva a cabo en la resolución sirviéndose de fórmulas indeterminadas, faltas de concreción y objetivación, que no circunscriben el ámbito de actuación posterior del empresario a la complementación técnica o funcional que la doctrina constitucional ha considerado admisible delegar en aquél, sino que habilitan un grado de discrecionalidad en esa actuación que supone, en la práctica, un apoderamiento a la parte empresarial en el conflicto laboral que menoscaba el elemento de imparcialidad que es exigible en la determinación de los servicios mínimos", concluyen.
ESPAÑA, TODAVÍA SIN LEY DE HUELGA
El artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses y señala que «la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad».
Cabe destacar que esa ley orgánica nunca se ha aprobado en España, aunque hubo intentos, como el proyecto del año 1993, que no prosperó.
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