La externalización de nuestras fronteras ha fracasado. El Hierro, la isla con menor capacidad estructural del archipiélago, volvió a ser este miércoles la zona cero de un descontrol migratorio que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue contemplando como un mero apunte estadístico. En apenas 24 horas, y bajo unas condiciones meteorológicas extremas asociadas a la borrasca Charles, con rachas de viento de hasta 180 kilómetros por hora, el puerto de La Restinga absorbió el desembarco de cuatro cayucos con 332 personas a bordo, entre ellas 25 menores.
Las cifras, lejos de ser un accidente meteorológico, responden a una estructura de incentivos perversos. Mientras el Ejecutivo central renuncia a desplegar una política de Estado que asegure nuestras aguas territoriales, las mafias del tráfico de personas en la costa occidental africana continúan fletando embarcaciones bajo una evidente expectativa de impunidad. La primera de estas barcazas, con 68 ocupantes, logró alcanzar el muelle herreño por sus propios medios a las 09:50 de la mañana, tras cinco días de travesía desde Saint-Louis (Senegal). Apenas cuatro horas después, la Salvamar Diphda tuvo que jugarse el tipo en pleno temporal para escoltar a un segundo cayuco con 61 personas que había partido del mismo enclave senegalés.
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EL COSTE DE LA INACCIÓN ESTATAL
El impacto de este volumen de llegadas no se mide únicamente en el esfuerzo titánico y el riesgo vital que asumen los efectivos de Salvamento Marítimo en cada operativo. Se traduce de manera inmediata en un coste de oportunidad salvaje para el contribuyente canario. Cada menor no acompañado que pisa El Hierro pasa a depender financieramente de los presupuestos autonómicos, detrayendo recursos indispensables de la sanidad, la educación o las infraestructuras de unas islas que ya soportan una presión fiscal asfixiante y un déficit crónico de inversión estatal.
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La jornada continuó su goteo incesante al caer la tarde, consolidando el colapso. A las 19:25 horas, un tercer cayuco procedente de Bakau (Gambia) atracaba en La Restinga con 148 personas, entre ellas 18 mujeres y doce menores, tras seis días a la deriva. Veinte minutos más tarde, la Salvamar Ácrux interceptaba una cuarta embarcación desde Brufut (Gambia) con otros 55 ocupantes. En total, 332 individuos transferidos en tiempo récord al sistema de acogida insular.
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INCENTIVOS MAFIOSOS Y PRESIÓN SOBRE CANARIAS
Lo que presenciamos en El Hierro es el resultado directo de una negligencia política continuada por parte del Ministerio del Interior y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Cuando un Estado abdica de su monopolio en el control de fronteras y traslada la factura de su inacción a una región ultraperiférica, está financiando indirectamente el modelo de negocio de las redes de tráfico humano. Las mafias que operan en Senegal y Gambia descuentan que, una vez la embarcación entra en la zona de salvamento española, la logística del traslado, la atención sanitaria y la manutención recaen automáticamente sobre el erario público.
Canarias no puede seguir ejerciendo de escudo logístico frente a la incapacidad de Moncloa para aplicar acuerdos con consecuencias reales en los países de origen. Mientras el presidente del Gobierno fía nuestra estabilidad a concesiones diplomáticas en el flanco sur sin contrapartidas comprobables, es el ciudadano canario quien amortiza día a día, con sus impuestos y la merma de sus servicios públicos, la mayor crisis estructural de nuestra historia reciente.