El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado de «absolutamente justificado» que miles de ciudadanos salieran a las calles del Archipiélago durante la huelga general por la vivienda y los salarios. Según el exdirigente autonómico, las movilizaciones reflejan un «clamor» que «solo el que no quiere oír» puede ignorar. Sin embargo, el análisis de Torres omite un dato estructural: el partido que representa acumula más de ocho años ininterrumpidos en el Gobierno de España, con plenas competencias en legislación básica de arrendamientos, fiscalidad y cotizaciones, y él mismo presidió el Ejecutivo de Canarias entre 2019 y 2023.
La estrategia de situarse del lado de los manifestantes choca con la trazabilidad de las políticas aplicadas durante casi una década. Cuando un ministro en ejercicio valida una huelga general convocada por el deterioro del poder adquisitivo y la imposibilidad de acceder a un inmueble, está certificando el fracaso de los instrumentos normativos que su propio Consejo de Ministros ha desplegado en el Boletín Oficial del Estado.
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OCHO AÑOS DE INTERVENCIÓN Y DESPLOME DE LA OFERTA
Torres ha intentado desviar la responsabilidad hacia el Parlamento, reprochando al hemiciclo no haber respaldado inicialmente los decretos de «emergencia» del Ejecutivo central. No obstante, la crisis habitacional en las Islas no responde a una falta de decretos, sino a las consecuencias directas de la inseguridad jurídica y la restricción de suelo tras años de intervención.
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Tres años después de la entrada en vigor de la Ley Estatal de Vivienda impulsada por el Gobierno de coalición, los datos empíricos en el Archipiélago muestran el efecto contrario al prometido: la oferta de inmuebles disponibles se ha contraído un 30%, mientras el precio medio ha escalado un 31%. En Santa Cruz de Tenerife, el arrendamiento acumula un encarecimiento del 36,4%, y en Las Palmas de Gran Canaria la subida alcanza el 26%. Durante los cuatro años del «Pacto de las Flores» liderado por Torres en Canarias, la parálisis en la liberación de suelo urbano y el bloqueo burocrático impidieron generar el parque de vivienda necesario para absorber el crecimiento demográfico.
El mismo esquema se repite en materia salarial, el segundo eje de la huelga que el ministro respalda. El estancamiento de los sueldos netos en Canarias coincide con un incremento constante de las cotizaciones sociales fijadas por Madrid, que ya han disparado el coste laboral medio por encima de los 2.700 euros mensuales, asfixiando a las pymes y a los autónomos isleños mientras la inflación y la presión fiscal absorben la renta disponible de las familias.
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PARCHES PRESUPUESTARIOS FRENTE A LA PRESIÓN EN LA RUTA ATLÁNTICA
En el plano migratorio, donde las competencias son exclusivas del Estado, el titular de Política Territorial ha despachado la saturación que sufre El Hierro, que acaba de recibir otros 139 inmigrantes en una sola embarcación, asegurando que la guardamar de refuerzo «ya va en camino», supeditando su llegada al estado del mar y sacando pecho por un paquete de 20 millones de euros de emergencia.
Esta respuesta reduce la defensa de la frontera sur europea a una mera gestión de salvamento y reparto de fondos asistenciales. Tras ocho años de política exterior socialista marcada por las cesiones diplomáticas ante Marruecos, el Gobierno central sigue sin exigir a Rabat el control efectivo de las salidas desde sus costas. Mientras el ministro apela a las reuniones de José Manuel Albares en Bruselas y a la «lealtad institucional», las islas menores asumen en solitario el desgaste operativo, presupuestario y de servicios públicos derivado de una ruta atlántica que Moncloa renuncia a bloquear en origen.