La crisis migratoria que soporta El Hierro vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez. Esta vez ha sido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien se ha desplazado hasta la isla para conocer de primera mano una situación que lleva meses desbordando los recursos insulares y que ha obligado a sus vecinos a alzar la voz ante las consecuencias sociales y económicas de las llegadas.
La visita de Torres al puerto de La Restinga, principal punto de entrada de cayucos en la isla, se produjo este domingo, después de que Salvamento Marítimo asistiera el sábado a 1.324 personas en 14 embarcaciones irregulares. El domingo, El Hierro volvió a superar las mil llegadas, con 1.261 personas a bordo de siete cayucos.
Las cifras reflejan la dimensión de una presión migratoria que no se resuelve con desplazamientos institucionales ni con anuncios de nuevas reuniones. Según los datos facilitados por el propio ministro, alrededor de 17.000 personas han llegado a El Hierro en lo que va de año, de un total aproximado de 27.000 en Canarias.
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TORRES VUELVE A ANUNCIAR REUNIONES MIENTRAS EL HIERRO ESPERA SOLUCIONES
Durante su visita, el ministro anunció una nueva reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración para este martes, 17 de noviembre, con el objetivo de actualizar las medidas adoptadas ante el repunte de las llegadas. Una convocatoria que vuelve a situar el problema en el terreno de los compromisos administrativos, mientras la isla continúa afrontando las consecuencias de la emergencia.
Torres recordó que el Ejecutivo central aprobó 15,2 millones de euros para ampliar las plazas de acogida y facilitar los traslados, además de un millón adicional para reforzar la atención de Cruz Roja. También anunció la incorporación de una tercera Guardamar a Canarias, cuya llegada está prevista entre este lunes y el martes.
Sin embargo, el anuncio de nuevas partidas y refuerzos no oculta las dificultades que sigue afrontando El Hierro. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya había reclamado este domingo al Estado que acelerase la aplicación de los compromisos adquiridos y advirtió de que la isla no puede esperar más ante la presión que soporta.
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La diferencia entre anunciar medidas y ejecutarlas sigue siendo uno de los principales problemas de la respuesta estatal. El Hierro necesita recursos efectivos, traslados ágiles y una planificación que evite que la responsabilidad de gestionar una crisis de dimensión nacional termine recayendo sobre una isla con capacidades limitadas.
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UN HOSPITAL DE CAMPAÑA TODAVÍA SIN CONCRETAR
La presión migratoria también tiene consecuencias sobre la asistencia sanitaria. Torres reconoció que aproximadamente un tercio de las 30 camas hospitalarias disponibles en El Hierro estaban ocupadas por personas migrantes.
Preguntado por la posibilidad de instalar un hospital de campaña, el ministro evitó confirmar su puesta en marcha y condicionó la colaboración del Gobierno central a que se demuestre su necesidad y utilidad. Una respuesta que deja pendiente una de las cuestiones que más preocupan ante el incremento de llegadas y la capacidad limitada de los servicios sanitarios insulares.
El Ejecutivo también sostiene que trabaja en medidas económicas y sociales para compensar el impacto sobre la isla, así como en actuaciones diplomáticas con países africanos para intentar frenar las salidas de embarcaciones.
Mientras tanto, los vecinos de La Restinga ya han mostrado su malestar por las consecuencias sociales y económicas de la situación. Sus protestas evidencian que la crisis no se limita a la gestión de las llegadas, sino que afecta directamente a la vida cotidiana de una población que reclama respuestas.
Torres ha reconocido la magnitud del repunte y ha anunciado que el Gobierno seguirá revisando las medidas. Pero El Hierro necesita algo más que visitas, reuniones y compromisos pendientes: necesita que el Estado cumpla lo anunciado y asuma su responsabilidad ante una emergencia que no puede seguir gestionándose a costa de la capacidad de respuesta de una isla.