El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid [https://www.libertaddigital.com/madrid/2026-11-03/ayuso-almeida-y-pache-claman-contra-la-nueva-factura-del-sanchismo-tras-el-deplorable-estado-de-sol-7485754/], Carlos Díaz-Pache, ha lanzado una seria advertencia sobre las consecuencias de la aplicación de la Ley de Nietos [https://www.libertaddigital.com/sociedad/2026-11-17/ley-de-nietos-el-supremo-da-hasta-el-domingo-a-las-partes-para-alegar-sobre-el-voto-de-189-678-hijos-de-los-nietos-7491403/] en el censo electoral y ha reclamado garantías para asegurar que únicamente puedan votar quienes tengan reconocido ese derecho. "El voto es un pilar básico de la democracia y las reglas del juego tienen que ser claras, con rigor y garantías", ha subrayado tras la primera sesión de la Comisión de Estudio sobre el impacto de esta norma en la Comunidad de Madrid.
Díaz-Pache ha insistido en que no se trata de una cuestión menor, sino de un asunto que afecta directamente a la confianza en el sistema democrático y a la limpieza de los procesos electorales. "Está en juego algo muy serio. Los madrileños tenemos que tener la garantía de que quien vota en nuestra región tiene derecho a hacerlo", ha señalado el portavoz popular, que ha situado el control del censo en el centro del debate político.
El dirigente del PP ha elevado además el tono de sus críticas al Gobierno, al que acusa de utilizar políticamente la nacionalidad española y el registro electoral [https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2026-10-26/finaliza-el-plazo-para-la-presentacion-de-candidaturas-y-listas-electorales-para-las-elecciones-generales-del-29n-7481950/]. "La nacionalidad española es un honor. No vamos a consentir que el Gobierno manosee la nacionalidad y utilice el censo para intentar ganar con trampas lo que teme perder en las urnas. El censo nunca puede ser un instrumento electoral", ha advertido.
> ▶️ El voto es un pilar básico de la democracia y las reglas del juego tienen > que ser claras, con rigor y garantías. > > No consentiremos que se utilice el censo para ganar con trampas lo que temen > perder en las urnas. > > 🗣️ @cdpache [https://x.com/cdpache?ref_src=twsrc%5Etfw] > pic.twitter.com/Mac5hXtaki [https://t.co/Mac5hXtaki] > > — PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) November 18, 2026 > [https://x.com/PPAsamblea/status/2123053813628313693?ref_src=twsrc%5Etfw]
UNA COMISIÓN PARA EXAMINAR EL IMPACTO DE LA LEY DE NIETOS
Recordemos que la Asamblea de Madrid ha celebrado la primera sesión de esta comisión de estudio, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular que lidera Isabel Díaz Ayuso. El órgano quedó constituido el pasado 28 de octubre con el propósito de analizar las consecuencias de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, sobre las adquisiciones de nacionalidad y su posible incidencia en el censo electoral de la región.
La iniciativa ha contado con el rechazo del PSOE, que no estuvo presente en la constitución de la comisión y la calificó de "puesta en escena" con la que, a su juicio, se pretende "manipular al electorado, alimentar el miedo y sembrar desconfianza hacia ciudadanos españoles".
Frente a estas críticas, el PP defiende la necesidad de examinar los datos y conocer con precisión cómo se están incorporando los nuevos ciudadanos al censo. La discusión no gira sobre el reconocimiento de la nacionalidad española a quienes cumplen los requisitos legales, sino sobre la transparencia de los procedimientos y la correcta identificación de las personas que tienen derecho a participar en las elecciones.
CUATRO EXPERTOS COMPARECEN EN LA ASAMBLEA
La primera sesión ha contado con la participación de cuatro especialistas propuestos por los grupos parlamentarios del PP, Más Madrid y Vox, que han sido convocados para aportar su conocimiento sobre las implicaciones jurídicas y demográficas de la norma.
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A propuesta del Partido Popular han comparecido Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, expresidente de la Junta Electoral Central y magistrado jubilado del Tribunal Supremo, y Adolfo Prego de Oliver y Tolivar, también exmagistrado del Alto Tribunal.
Por parte de Más Madrid ha participado María Eugenia Rodríguez Palop, profesora del Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Vox, por su parte, ha propuesto a Alejandro Macarrón Larumbe, coordinador del Observatorio Demográfico CEU-CEFAS.
La comisión pretende examinar el número y la evolución de las adquisiciones de nacionalidad española en la Comunidad de Madrid, así como su distribución estadística. También busca conocer cuántas nacionalizaciones se han efectuado mediante la instrucción de Sofía Puente y qué incidencia han tenido en el censo electoral madrileño.
Otro de los aspectos que se analizarán es la evolución del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) desde la entrada en vigor de la Ley de Nietos, una cuestión especialmente relevante por las dudas que han surgido en torno a la identificación de los nuevos inscritos.
35.925 REGISTROS SIN IDENTIFICAR EN LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL SUPREMO
La celebración de esta primera sesión coincide con un dato que ha añadido presión al debate. La Abogacía del Estado ha reconocido ante el Tribunal Supremo que, de los 153.648 registros de nacionalizados mediante la Ley de Nietos que han sido sometidos a comprobación, únicamente ha localizado 117.723 en el Censo Electoral de Residentes Ausentes.
La diferencia asciende a 35.925 personas cuya situación censal no queda identificada en la documentación remitida al Alto Tribunal. Se trata de una cifra que plantea interrogantes sobre la distribución de esos registros y que la comisión pretende ayudar a esclarecer mediante el análisis de los datos disponibles.
La ausencia de esas personas del CERA, sin embargo, no demuestra por sí misma que exista una irregularidad. Entre las posibilidades está que figuren en el censo de residentes en España (CER), que todavía no hayan accedido al censo electoral o que se encuentren en otras situaciones administrativas. Lo que no permite conocer la documentación presentada es cómo se distribuyen exactamente esos 35.925 registros.
Precisamente ahí se encuentra uno de los puntos centrales de la controversia: determinar dónde están esas personas y cuál es su situación a efectos electorales. Para Díaz-Pache, la transparencia y las garantías deben estar por encima de cualquier interés partidista. El portavoz popular insiste en que la nacionalidad no puede convertirse en una herramienta de cálculo político y que el censo debe ofrecer todas las garantías para preservar la limpieza de las elecciones.