La crisis migratoria que golpea a Canarias continúa agravándose mientras las instituciones insulares reclaman al Ejecutivo central mayor eficacia y transparencia en la gestión. Ante este escenario, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha solicitado formalmente al delegado del Gobierno en el archipiélago, Anselmo Pestana, la constitución urgente de una Junta de Seguridad Permanente para coordinar a las distintas administraciones y mitigar el impacto de una oleada de llegadas que desborda las previsiones en las islas.
En el escrito remitido a la Delegación del Gobierno, Dávila advierte de que el repunte migratorio se está produciendo "con una intensidad y unas dimensiones sin precedentes". Por ello, la dirigente insular reclama reforzar de manera inmediata los mecanismos de cooperación entre administraciones, poniendo el foco en la necesidad de acabar con la falta de comunicación en torno a la gestión de la inmigración irregular en las costas canarias.
CRÍTICAS A LA OPACIDAD ESTATAL Y FALLO EN LA CADENA INFORMATIVA
Dávila censura la gestión informativa estatal al constatar "la falta de información suficientemente fluida y actualizada sobre la situación migratoria, la evolución de las llegadas, los recursos habilitados y las actuaciones que se están desarrollando".
Este déficit de comunicación interadministrativa provoca que las corporaciones locales e insulares desconozcan con antelación el volumen real de desembarcos, las derivaciones previstas desde otras islas o la apertura de nuevos dispositivos estatales en sus municipios. Al no existir un canal oficial estable ni previsiones compartidas entre los ministerios competentes, el Gobierno autonómico y los cabildos, las administraciones más cercanas al ciudadano operan a ciegas ante cada repunte de embarcaciones.
IMPACTO OPERATIVO Y PRESUPUESTARIO EN LOS SERVICIOS LOCALES
A juicio de la presidenta tinerfeña, esta carencia de datos lastra notablemente la planificación de los servicios públicos, merma la capacidad de respuesta y dificulta la adecuada gestión de los recursos en la isla. En el plano operativo, la ausencia de avisos previos obliga a los ayuntamientos y al Cabildo a actuar de forma reactiva en áreas críticas:
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Despliegue de emergencia y seguridad local. Activación urgente de efectivos de la Policía Local, Protección Civil y equipos municipales de logística y limpieza en los muelles y zonas de desembarco sin margen para organizar turnos o refuerzos.
Saturación de la atención social primaria. Los trabajadores sociales municipales y los recursos de emergencia habitacional asumen una presión inmediata para cubrir necesidades básicas cuando se producen llegadas simultáneas o derivaciones no comunicadas.
Desajuste y falta de previsión presupuestaria. Al operar con presupuestos anuales cerrados y sin estimaciones oficiales del Estado sobre el flujo esperado ni sobre los recursos que habilitarán los ministerios, las corporaciones insulares y locales carecen de margen para planificar partidas ordinarias. Esto las fuerza a reasignar fondos de otras áreas o tramitar modificaciones de crédito de urgencia para costear medios materiales y refuerzos de personal no previstos.
UN ESPACIO ESTABLE PARA FRENAR LA IMPROVISACIÓN
El órgano planteado por el Cabildo pretende funcionar de manera continuada mientras persista la emergencia y congregar a la Administración General del Estado, al Gobierno autonómico, a los cabildos y a los ayuntamientos, junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando sea preceptivo. Según la presidenta insular, este espacio común no busca duplicar estructuras ni invadir competencias ajenas, sino garantizar la cooperación institucional imprescindible para encarar un reto de semejante envergadura.
Entre sus cometidos esenciales, la mesa de coordinación permitiría conocer en tiempo real la evolución de las llegadas, evaluar los recursos de acogida disponibles en cada territorio y anticipar escenarios para ofrecer una respuesta ordenada y eficaz. Por todo ello, Dávila ha instado a Pestana a convocar "a la mayor brevedad" este encuentro para frenar la improvisación y que todas las administraciones estén "a la altura de las circunstancias".