Aprobaron unas oposiciones en 2019, llegaron a ejercer como funcionarios en prácticas, perdieron su puesto en 2021, recuperaron la plaza en los tribunales en 2024 y ahora la pierden de manera definitiva.
El Tribunal Supremo ha puesto punto final a un calvario administrativo y judicial de siete años al avalar la decisión de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias de retirar la plaza a nueve maestros de la especialidad de Inglés tras detectar un error interno en la baremación de méritos cometido por la propia Administración.
La sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo el pasado 20 de octubre, estima el recurso de casación presentado por el Ejecutivo autonómico y anula el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de marzo de 2024 que había ordenado restituir a los docentes como funcionarios de carrera con todos sus derechos económicos y de antigüedad. El alto tribunal fija así jurisprudencia en un caso que enfrenta la obligación administrativa de corregir fallos generales en los procesos selectivos con el principio de seguridad jurídica de los opositores afectados.
¿QUÉ FALLÓ EXACTAMENTE EN LAS OPOSICIONES DE 2019?
El conflicto no cuestiona en ningún momento la capacitación lingüística ni la titulación de los docentes afectados, quienes acreditaron los requisitos exigidos y superaron las pruebas teóricas y prácticas de la oposición. El error se produjo en la fase de concurso de méritos —el recuento de puntos adicionales por experiencia previa, formación continua y otros títulos— que determina el orden final de los aspirantes con plaza.
Tras publicarse las listas en julio de 2019, varios candidatos presentaron recursos de alzada. Al revisar los expedientes, la Dirección General de Personal de Educación descubrió de oficio una irregularidad que nadie había denunciado: la Comisión de Coordinación de Inglés había aplicado de forma incorrecta el baremo de méritos a todos los participantes de la especialidad, perjudicando a unos y beneficiando a otros en el cómputo global.
El 1 de junio de 2020, la Consejería optó por suspender cautelarmente esa especialidad y repetir toda la baremación, aunque nombró ese mismo mes a los aprobados funcionarios en prácticas de forma cautelar —el periodo obligatorio de un curso escolar en aula que todo docente debe superar antes de obtener el nombramiento definitivo como funcionario de carrera—. Cuando la nueva valoración concluyó en mayo de 2021, el reajuste de las décimas en las listas desplazó fuera de los puestos adjudicados a nueve maestros que ya habían reorganizado su vida profesional tras superar el proceso.
SEGURIDAD JURÍDICA FRENTE A IGUALDAD DE ACCESO
Durante el pleito, los afectados y su defensa denunciaron que la actuación de Educación vulneraba los principios constitucionales de seguridad jurídica y confianza legítima, subrayando el grave "coste de oportunidad" asumido al renunciar a otras alternativas laborales tras ser nombrados funcionarios en prácticas. Asimismo, sostuvieron que la Administración utilizó recursos ajenos como una "revisión encubierta" sin tramitar el procedimiento legal de revisión de oficio.
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En marzo de 2024, el TSJC dio la razón a los nueve maestros al calificar la actuación de la Consejería como "una pura contradicción" y concluir que debió abrir un expediente específico de revisión de oficio antes de anular unas adjudicaciones ya publicadas.
Sin embargo, el Tribunal Supremo revoca ahora ese criterio al determinar que no se trataba de un error puntual sobre un candidato concreto, sino de un "fallo estructural" que distorsionaba toda la especialidad de Inglés. Según el fallo, mantener las listas erróneas o corregir únicamente las notas de quienes presentaron recurso habría generado una desigualdad contraria al artículo 23.2 de la Constitución, desplazando injustamente a otros nueve opositores a los que sí les correspondía la plaza tras el recálculo correcto.
¿QUÉ OCURRE AHORA CON ESTOS NUEVE DOCENTES Y TIENEN DERECHO A INDEMNIZACIÓN?
El alto tribunal subraya que la Administración está facultada para rectificar de oficio un error general mientras el proceso selectivo siga abierto y los nombramientos no sean firmes —dado que los afectados aún se encontraban en fase de prácticas—. Con esta resolución, los nueve docentes quedan definitivamente excluidos de las plazas adjudicadas en 2019, aunque el Supremo no impone costas procesales al no apreciar mala fe ni temeridad en ninguna de las partes.
Al haberse centrado el procedimiento judicial en la restitución de sus puestos de trabajo, la sentencia no establece ninguna compensación económica automática para los afectados. No obstante, tras confirmarse que la pérdida de la plaza trae causa directa de un error de baremación cometido por la propia Consejería de Educación, a los perjudicados les queda abierta la vía administrativa y judicial para reclamar una indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración, en la que deberán acreditar los daños materiales y personales sufridos durante estos siete años de litigio.