¿Puede el Gobierno obligar a los ciudadanos a que se pongan la vacuna?

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La vacuna contra el coronavirus cada vez está más cerca. La farmacéutica Pfizer y la empresa de biotecnología BioNTech anunciaron hace apenas dos días la alta eficacia del fármaco contra la COVID-19 (un 90%), un anuncio que podría adelantar la llegada de la vacuna al próximo mes de diciembre.

Esta noticia supone un hito importantísimo para todo el mundo, ya que se podrá empezar a hacer frente a una enfermedad que ha acabado ya con la vida de más de un millón de personas en todo el planeta. Pero aunque sea un anuncio esperanzador, hay algunos individuos reacios a ponerse este fármaco. Otras, sin embargo, tienen muy claro que se lo pondrán en el momento en que salga, siempre y cuando haya dosis disponibles, ya que recordamos que son muy limitadas y las primeras vacunas irán destinadas a aquellas personas más vulnerables a la infección.

En cuanto a la cuestión de la vacunación, algunos individuos prefieren no recibir el medicamento, pero aquí surge una duda: ¿puede el Gobierno obligar a la ciudadanía a vacunarse contra la COVID-19?

La vacunación en España no es obligatoria

Actualmente, en España, las autoridades no obligan a ponerse ninguna vacuna. Todas son de carácter voluntario y, por supuesto, recomendables. Pero en este caso, estamos hablando de una enfermedad pandémica que ha afectado ya a 51 millones de personas en todo el mundo. Por ello, el objetivo principal sería conseguir la inmunidad colectiva de la población a través del antídoto. Si hay individuos que no se ponen el fármaco, esto podría no llegar a alcanzarse nunca y, por lo tanto, el coronavirus seguiría entre nosotros.

Ley Orgánica 3/1986

En este caso, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, plantea la vacunación obligatoria en situaciones de epidemias o crisis sanitarias que supongan una riesgo para la salud pública.

Esta ley también establece la vacunación obligatoria cuando el riesgo es exclusivamente individual: «Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él, sin que resulte de aplicación a estos supuestos de riesgo individual la Ley Orgánica 3/1986”, explica para Hipertextual Marta Garcés, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.

Hasta la fecha, el Gobierno español no ha dado ningún indicio de que la vacuna sea obligatoria. Lo único que sabemos es que las dosis serán limitadas (la vacuna consta de dos dosis por persona) y tendrán preferencia en la vacunación las personas mayores de 65 años, individuos de riesgo, personal sanitario, trabajadores esenciales o en contacto directo con personas vulnerables.

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